De forma cíclica se vienen publicando las cifras de enfermos de SIDA en todo el Estado; continúan bajando, pero no nos dicen si el número de personas infectadas crece o no.

La enfermedad se puede contener con la nueva medicación, pero eso no significa que no resulte igualmente grave. Fácilmente se puede caer en un falso triunfalismo que nos haga bajar los niveles de prevención.

También resulta preocupante la situación de las personas afectadas por el VIH/SIDA, unas 120.000 según cifras estimadas. Todos ellos sin derecho a suscribir una póliza de seguros o créditos, viviendo bajo el peso del estigma social y el miedo irracional a una enfermedad que no se contagia como un resfriado o una gripe, sino que se transmite a través de determinadas prácticas.

A pesar de que no se puede exigir el test de los anticuerpos del VIH/SIDA a nivel laboral, la ruptura de la confidencialidad se convierte en una amenaza continuada para acceder a un puesto de trabajo..

Todos estos condicionantes hacen que resulte muy difícil dar la cara en público y este colectivo se convierte en invisible.

Además en algunas comunidades autónomas (no es el caso de Cataluña) han comenzado a suprimir las pensiones no contributivas de estos enfermos basándose solamente en un aumento de sus defensas, medida que resulta claramente discutible.

No considerar los efectos secundarios de la medicación, olvidar el tabú social todavía vigente y obviar las dificultades de reinserción laboral es condenar a estas personas a una muerte civil.

Jordi Petit, Presidente de Honor de la Coordinadora Gay Lesbiana